**Universidad Argentina demanda a su gobierno: ¿Por qué nos importa en Chile?**
Cuando una universidad emblemática como la de Buenos Aires recurre a los tribunales contra su propio Estado, marca un precedente histórico para la educación pública latinoamericana. Este conflicto refleja la batalla que libran las universidades contra los recortes presupuestarios, realidad que también enfrentan casas de estudio chilenas. La defensa de la educación pública como derecho fundamental trasciende fronteras y nos alerta sobre la fragilidad de nuestros sistemas educativos.
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**UBA lleva al Estado argentino a la justicia por financiamiento universitario congelado**
BUENOS AIRES.- En un movimiento sin precedentes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) interpondrá una demanda judicial contra el Poder Ejecutivo nacional por incumplir la Ley 27.795, que garantiza financiamiento estable para universidades y mejoras salariales. La medida fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la casa de estudios el pasado 22 de octubre.
La normativa, aunque ya promulgada, permanece congelada hasta que el Legislativo defina las fuentes de financiamiento. La UBA alega que esta suspensión viola el equilibrio constitucional de poderes y desconoce la voluntad del Congreso. La universidad más grande de Argentina asegura que el bloqueo afecta directamente su funcionamiento y las condiciones laborales de académicos y funcionarios.
El conflicto estalla en medio de una crisis económica que mantiene en emergencia salarial y presupuestaria al sistema universitario argentino. La resolución del Consejo Superior instruyó al rector a exigir judicialmente la aplicación inmediata de la ley. Esta pulseada entre la principal universidad pública y el gobierno nacional expone la tensión entre la necesidad de financiar la educación superior y las restricciones fiscales del Estado.
La UBA registró la medida bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, marcando un hito en la defensa jurídica de la autonomía universitaria. El caso podría sentar jurisprudencia para futuros conflictos entre instituciones educativas y el Estado en la región.
