**POR QUÉ IMPORTA**
El caso de Dina Boluarte refleja la frágil estabilidad política en Perú y cómo las investigaciones judiciales impactan en la región. Sus vínculos con presunto lavado de activos y financiamiento ilegal exponen problemas de transparencia en altos cargos. Esto podría influir en las relaciones bilaterales y la imagen de los gobiernos latinoamericanos.
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**JUEZ PERUANO RECHAZA PEDIDO PARA IMPEDIR SALIDA DE BOLUARTE**
El Poder Judicial de Perú acaba de dar un revés al Ministerio Público al negar un impedimento de salida del país por 36 meses contra la ex presidenta Dina Boluarte. El juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó que no había pruebas suficientes para afirmar que Boluarte representaba un «riesgo de fuga». La decisión se enmarca en una investigación por lavado de activos, donde se le acusa de haber participado en la creación de una cuenta a nombre del partido Perú Libre.
Según las pesquisas, esta cuenta habría servido para recaudar fondos destinados a pagar una reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, líder de la colectividad. Además, se investiga un posible financiamiento ilegal de su campaña electoral del año 2021. Pese a este fallo a su favor, la exmandataria no está libre de problemas. El Poder Judicial evalúa un segundo pedido de impedimento de salida, esta vez por 18 meses, vinculado a un presunto caso de tráfico de influencias.
Se sospecha que Boluarte habría usado su posición para influir en designaciones de cargos en EsSalud y en la gestión de beneficios sociales. La audiencia para este nuevo requerimiento se realizará de forma virtual y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. Entre las acusaciones, se menciona que la ex presidenta se habría realizado procedimientos estéticos sin informar al Parlamento, favoreciendo al médico que los practicó.
Mientras tanto, el fiscal Ángel Astoncondor confirmó que apelará la reciente resolución del juez Valdez. Las investigaciones continúan y mantienen en vilo el futuro jurídico de Boluarte, en un caso que evidencia las tensiones entre la justicia y el poder político en el país vecino.
