**POR QUÉ ESTO IMPORTA**
El sistema de protección infantil funciona con una lógica perversa: mientras más niños sufren, más plata reciben las instituciones que deberían cuidarlos. Esto significa que el Estado paga por mantener a los niños en centros, sin que exista un incentivo real para sacarlos y reintegrarlos a sus familias. Cada niño que sigue institucionalizado significa más recursos para el sistema, creando un negocio que se alimenta del dolor infantil.
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**EL NEGOCIO DEL DOLOR INFANTIL: CÓMO EL SISTEMA GANA PLATA CON LA VULNERACIÓN DE LOS NIÑOS**
En Chile existe una verdad incómoda que nadie quiere reconocer: proteger a los niños vulnerados se ha convertido en un negocio. Bajo el discurso oficial de la protección, se esconde un sistema que financia su existencia gracias a que los menores permanezcan internados en residencias. Mientras un niño sufre lejos de su familia, alguien recibe un pago mensual por su estadía.
La clave está en el modelo de subvención. Los organismos colaboradores del Estado -fundaciones y corporaciones que administran centros- reciben dinero según la cantidad de niños que tengan bajo su cuidado. Esto genera una contradicción brutal: cada egreso significa pérdida de recursos, mientras que la permanencia garantiza financiamiento estable.
Los informes oficiales del Senado, la Defensoría de la Niñez y el INDH han documentado esta realidad por años. Se detectan permanencias extensas sin justificación, procesos que no avanzan y traslados constantes entre centros. Cada movimiento mantiene a los niños dentro del sistema y asegura el flujo de dinero.
Las consecuencias para los niños son devastadoras. Viven una infancia marcada por la inestabilidad, pierden vínculos afectivos y ven cómo su desarrollo se trunca entre informes técnicos y cambios de residencia. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando con la misma lógica: más vulneración infantil significa más cupos, y más cupos significan más presupuesto.
Expertos señalan que la solución requiere cambiar radicalmente el modelo. En vez de pagar por mantener niños en centros, se debe financiar la prevención y el trabajo con las familias biológicas. Solo así se romperá este círculo vicioso donde el Estado termina subsidiando el sufrimiento de quienes debería proteger.
