**POR QUÉ ESTO IMPORTA:**
Cuando un ciudadano denuncia irregularidades judiciales y todas las instituciones le cierran las puertas, queda en evidencia una falla grave en nuestro sistema. El caso Briones muestra cómo las denuncias contra fiscales pueden quedar en nada, sin investigaciones reales. Esto afecta la confianza en la justicia y deja a las personas indefensas ante posibles abusos de poder.
—
**EL MURO INSTITUCIONAL: DENUNCIAS QUE CHOCAN CON PUERTAS CERRADAS**
Jorge Briones ha golpeado todas las puertas del Estado chileno. Tras denunciar irregularidades en una operación inmobiliaria y en el actuar de varios fiscales, llevó sus reclamos a la Fiscalía Regional de Valparaíso, la Fiscalía Nacional, la Contraloría General e incluso a la Presidencia de la República. La respuesta, según los documentos que ha reunido, forma un patrón claro: las instituciones reciben las denuncias, pero no abren investigaciones de fondo.
En la Fiscalía Regional de Valparaíso, oficios como el FR-OR N°048/2025 desestimaron sus denuncias sin ordenar investigaciones disciplinarias. Los argumentos se centraron en temas de forma -competencias y procedimientos- sin entrar en el fondo de los hechos denunciados.
Cuando Briones escaló a la Fiscalía Nacional, encabezada por Ángel Valencia, la respuesta llegó a través de las llamadas «cartas GAB». Documentos como la Carta GAB N°415 señalaron que los antecedentes «no permiten acreditar falta disciplinaria», o simplemente devolvieron el caso a las mismas fiscalías que ya lo habían rechazado.
La Contraloría General dio un paso inusual: ofició directamente al Fiscal Nacional pidiendo explicaciones por la falta de acción disciplinaria. Pero la respuesta de Valencia, through la Carta GAB N°87/2025, mantuvo la posición: no habría investigaciones ni sumarios.
Hasta la Presidencia de la República aparece en el expediente. Tras recibir el escrito de Briones, la Moneda confirmó recepción de los antecedentes, pero no activó gestiones adicionales ni solicitó información a la Fiscalía.
Para Briones, este «circuito cerrado» revela una falla estructural: la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, aunque existe en la ley, en la práctica resulta casi imposible de activar cuando las acusaciones tocan decisiones sensibles.
El denunciante va más allá y vincula su caso con patrones más amplios, incluyendo el Caso Audios y la red Factop. Señala que la fiscal Claudia Perivancich, quien tuvo en sus manos sus denuncias sin abrir investigaciones, fue la misma designada para reemplazar al fiscal Javier von Bischoffshausen cuando este fue removido de una investigación sensible tras los allanamientos a la Corte de Apelaciones.
Mientras las instituciones sigan respondiendo con este «muro» de negativas, el caso Briones-Mendoza seguirá planteando preguntas incómodas sobre quién controla realmente a quienes tienen el monopolio de la persecución penal en Chile.
