**Por Claudia Molina B. | FACTOS. ÚLTIMO MINUTO.**
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### **¿Por qué esto importa?**
La destitución de un ministro de la Corte Suprema por el Senado es un hecho histórico. No solo marca un precedente en el control político sobre el Poder Judicial, sino que refuerza el mensaje de que nadie está por sobre la ley. En un país donde la confianza en las instituciones es clave, esta decisión envía una señal clara sobre la rendición de cuentas y la probidad que se exige a las más altas autoridades.
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### **Senado destituye a ministro de la Suprema tras maratónica sesión**
En una decisión sin precedentes recientes, el Senado aprobó este martes la destitución del ministro de la Corte Suprema, **Diego Simpertigue**, tras una extensa sesión que se prolongó por horas. La acusación constitucional, impulsada por la Cámara de Diputados bajo la causal de «notable abandono de deberes», fue respaldada de manera contundente por la Sala, actuando como jurado.
La votación se realizó capítulo por capítulo. En el primero, que abordaba un fallo a favor del consorcio Belaz Movitec en un litigio con Codelco y posteriores viajes con abogados de esa empresa, la acusación obtuvo 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. El segundo capítulo, sobre presuntas irregularidades en nombramientos notariales que habrían beneficiado a su yerno, logró 18 votos a favor. El tercero, referido al «Caso Fundamenta» y vínculos con abogados de una inmobiliaria, consiguió 33 votos a favor.
Antes de la votación, Simpertigue intervino visiblemente afectado. En su defensa, intentó deslindar responsabilidad en los viajes cuestionados, afirmando que *»su mujer organizó todo»*. Esta declaración fue duramente rebatida en el hemiciclo. El diputado Manoucheri criticó esa línea argumental, señalando que el magistrado no podía excusarse y que la responsabilidad ética era únicamente suya.
Con esta resolución, Simpertigue queda fuera de la Corte Suprema y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años. El hecho marca un hito institucional, subrayando el mecanismo de control que el Congreso puede ejercer sobre el Poder Judicial cuando se vulneran los deberes de probidad e imparcialidad.
