**¿POR QUÉ IMPORTA ESTO?**
Una institución clave como Carabineros entrega dos versiones opuestas sobre un mismo hecho. Esto pone en duda su transparencia y credibilidad ante la ciudadanía. Si no podemos confiar en la información oficial, se debilita la base de nuestra democracia y el derecho a saber la verdad sobre asuntos de interés público.
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**LA NOTICIA**
Carabineros de Chile se encuentra en el centro de una grave contradicción que amenaza su credibilidad institucional. El caso involucra a la Generala María Teresa Araya Jiménez, jefa de zona de la institución, y la detención de su hijo por infracción a la Ley de Drogas.
El 11 de septiembre de 2025, el Departamento de Comunicaciones de Carabineros confirmó oficialmente a FACTOS que la 47ª Comisaría de Los Domínicos había realizado un procedimiento donde resultó involucrado el hijo de la generala. Según esa comunicación, «todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público».
Sin embargo, apenas cuatro semanas después, la misma institución -a través del Departamento de Información Pública y Lobby- negó rotundamente los hechos. En un oficio fechado el 8 de octubre, afirmaron que «no existe registro alguno de detención de la persona consultada».
La contradicción es evidente: mientras una oficina de Carabineros reconoce el procedimiento, otra lo niega. Ambas respuestas llevan el emblema institucional pero cuentan historias completamente diferentes.
El punto clave gira en torno a la identidad del detenido. Mientras la solicitud de transparencia identificaba al involucrado como F.J.S.A., fuentes confiables sugieren que podría tratarse de otro hijo de la generala Araya. Esto abriría la puerta a un posible subterfugio administrativo para evadir la entrega de información.
Consultado el departamento de prensa institucional, reconocieron que «los apellidos coinciden y que el hecho ocurrió», pero se limitaron a afirmar que la respuesta del Coronel Bustamante «fue correcta porque la identidad del joven es distinta».
Ante esta situación, FACTOS interpuso un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, exigiendo que se revele la información completa sobre el procedimiento del 3 de septiembre de 2025. El caso podría marcar un precedente grave sobre cómo las relaciones internas pueden condicionar el acceso a la verdad en procedimientos que involucran a familiares de altos mandos.
