**¿Por qué esto importa?**
El debate sobre si el Estado debe quitarle hijos a familias migrantes choca con una realidad cruda: el sistema de protección infantil ya está colapsado. Atiende a más de 117 mil niños y tiene graves fallas internas. Prometer que el Estado puede «hacerse cargo» de más niños, sin resolver los problemas de fondo, es una idea peligrosa que pone en riesgo a los menores más vulnerables.
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**La paradoja de «Con mis hijos no» vs. «El Estado se hará cargo»**
Mientras la derecha ha defendido por años la consigna «Con mis hijos no», rechazando la intervención del Estado en la familia, hoy algunos de sus líderes plantean justamente lo contrario para los hijos de inmigrantes. En medio del debate migratorio presidencial, surge la idea de que, si se expulsa a padres extranjeros, el Estado chileno podría asumir el cuidado de sus niños. Esta propuesta revela una contradicción enorme y choca de frente con la crisis que vive el sistema de protección infantil en Chile.
Las cifras oficiales son elocuentes. Al octubre de 2025, más de 117.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) estaban siendo atendidos por programas de protección del Estado. De ellos, más de 15.600 viven fuera de sus familias de origen: unos 5.160 en residencias y más de 10.480 en familias de acogida. Lo más grave es que, entre los que están en residencias, hay más de 700 menores de 3 años, pese a que la ley prioriza que los bebés y niños pequeños crezcan en un entorno familiar estable.
Pero el problema no es solo de números. El propio sistema que debería proteger, a veces vulnera. Un informe de la Defensoría de la Niñez analizó denuncias entre 2021 y 2023 y encontró que muchos NNA bajo custodia estatal sufren nuevos abusos o negligencias mientras están «protegidos». Los programas especializados para reparar daños graves también operan sobrecargados y con falta de recursos.
En este contexto, ofrecer que el Estado «se haga cargo» de más niños, sin una reforma profunda, es ignorar una realidad abrumadora. La paradoja es clara: se defiende a rajatabla la no intervención en las familias chilenas, pero se flexibiliza el principio cuando se trata de los hijos de inmigrantes. Para miles de niños que ya dependen del Estado, esta incoherencia no es un debate político: es un riesgo real para sus vidas. Chile no necesita eslóganes, necesita políticas responsables basadas en la cruda realidad de su infancia más vulnerable.
